Si piensas que lo único perturbador de una presunta agresión sexual cometida por varios hombres en una universidad prestigiosa es que estos jóvenes agredieran a una mujer en estado de intoxicación, puedes estar pasando por alto la mitad del problema.
Es igualmente perturbador que más de cincuenta personas recibieran un mensaje de Snapchat que sugería que alguien podía estar en peligro y que ninguna actuara ni reaccionara.
En el caso de Cornell, una mujer denunció haber sido violada por siete integrantes de una fraternidad.
Según su demanda, alrededor de la 1:42 de la madrugada se envió un mensaje de Snapchat a más de cincuenta miembros de Chi Phi que ofrecía una “pa**cha gratis” en el piso de arriba. Alguien respondió: “¿Sigue abierta la tienda?”. La respuesta fue sí.
¿Por qué nadie hizo algo?
No podemos suponer que las más de cincuenta personas leyeron los mensajes esa noche, comprendieron lo que estaba ocurriendo o tuvieron la misma oportunidad de actuar.
No podemos afirmar que todas fueron testigos conscientes de lo sucedido.
Pero sí podemos preguntar qué hicieron quienes vieron la invitación.
Un mensaje que trataba a una mujer como algo disponible para que otros lo usaran debería haber suscitado preocupación por su seguridad.
¿Se trató de ignorancia pluralista, ese fenómeno en el que una persona percibe en privado que algo está mal, pero guarda silencio porque supone que los demás lo aceptan?
En una casa de fraternidad a las dos de la madrugada, con la agresión presentada como una invitación, esa suposición explica mucho.
Explica el silencio.
No explica por qué guardar silencio parecía una opción segura.
Guardar silencio no constituye, por sí mismo, un delito. Ese es el punto. En la mayor parte de Estados Unidos, no lo es.
El sistema estadounidense no impone un deber general de auxilio.
Un transeúnte que ve a alguien en peligro y sigue de largo no incurre en responsabilidad civil ni penal.
La ley no se limita a tolerar la indiferencia de quienes presencian el peligro. Considera que esa indiferencia no le incumbe.
Eso no es inevitable. Es una decisión.
México tomó la decisión contraria.
El artículo 340 del Código Penal Federal sanciona a quien omite avisar a las autoridades o prestar ayuda a una persona en peligro cuando podría hacerlo sin riesgo personal.
La pena es leve: trabajo en favor de la comunidad, no prisión. Pero recoge un principio: la indiferencia no es neutral.
Sin embargo, una ley que rara vez se aplica y en la que pocos confían cambia poco.
En México, el “no te metas” está tan arraigado como la norma que supuestamente lo prohíbe.
La gente pasa de largo ante los accidentes y aparta la mirada frente a la violencia. La ley existe.
La pauta cultural se manifiesta en que se encogen de hombros.
Pero insuficiente no significa irrelevante.
La ausencia de una ley así también expresa una postura. Y esa es la postura que adopta Estados Unidos.
Los acusados niegan haber cometido actos ilícitos.
Ninguno ha sido condenado penalmente. Pero la cuestión del silencio de los testigos no depende de un veredicto.
Depende de lo que la ley les dijo de antemano a cincuenta personas sobre lo que le debían a una mujer que nunca habían conocido.
La ley puede condenar a individuos.
No puede sancionar ni condenar una pauta cultural.
Eso no significa que la cultura no sea culpable de algo; solo que el veredicto debe venir de un lugar distinto a un tribunal.
La intervención de los testigos suele plantearse como una cuestión de valentía. No lo es.
Es una cuestión de costos. La ley no puede hacer valiente a la gente. Solo puede decidir si guardar silencio sale gratis.
La pregunta, entonces, no es solo por qué esos más de cincuenta hombres pensaron que estaba bien no actuar.
¿Por qué las leyes estadounidenses les dijeron que estaba bien y era permisible?
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