Esta semana, en una conversación de casi noventa minutos con The Economist, Elon Musk formuló la tesis que ordena el momento tecnológico del mundo: la inteligencia artificial acelera el mundo digital y los robots aceleran el mundo de los átomos. Sus pronósticos admiten todo el escepticismo que se quiera — que la IA superará la suma de la inteligencia humana en unos cinco años, que podría haber cien millones de robots humanoides en ese plazo, que la competencia global se definirá por el acceso a semiconductores y a energía eléctrica —, pero la distinción de fondo es rigurosamente cierta y jurídicamente decisiva: la inteligencia artificial dejó de ser solamente software. Está adquiriendo cuerpo. El 1 de julio, entró en vigor el Código MASS de la Organización Marítima Internacional, el primer marco regulatorio global para buques de carga autónomos, embarcaciones que cruzan océanos operadas a distancia o decidiendo por sí mismas, tras casi una década de trabajo multilateral y ensayos en el agua. La inteligencia que conversa ya navega; también vuela en los drones que inspeccionan infraestructura y fumigan cultivos, conduce en los vehículos que operan comercialmente en ciudades de Estados Unidos y China, y ensambla en las fábricas automatizadas. El derecho del siglo XXI se está escribiendo para esas máquinas, y conviene preguntarse dónde está México en esa escritura.
La respuesta tiene dos partes, y la primera es alentadora. México sí tiene un proyecto con la inteligencia artificial: el Plan Nacional elaborado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones plantea construir un marco legal, fortalecer la soberanía tecnológica, llevar la IA a las dependencias del gobierno y desarrollar infraestructura estratégica propia, con la supercomputadora Coatlicue como pieza emblemática. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado además la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en el sector educativo, y ya se abrió formalmente en la Cámara de Diputados la discusión para construir el marco regulatorio. Hay doctrina de gobierno, hay infraestructura en desarrollo y hay proceso legislativo en marcha.
La segunda parte es la que obliga a la franqueza. México llegó temprano a esta conversación — la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de 2018 nos colocó entre los países pioneros, y desde 2019 el Senado exhortaba al Ejecutivo a instrumentar una política nacional — y sin embargo el balance legislativo es elocuente: de acuerdo con el análisis del Legal Tech Lab de la Universidad Anáhuac, desde abril de 2023 se han presentado 85 iniciativas para crear leyes o reformar normas en materia de inteligencia artificial, de las cuales 67 permanecen pendientes. Ninguna ha concluido el proceso. En la legislatura actual, la norma más asediada es el Código Penal Federal, con dieciocho propuestas de reforma: el Congreso ha pensado la IA primero desde sus posibles usos delictivos y después como todo lo demás. Ocho años de actividad, 85 documentos, cero leyes. El problema mexicano con la inteligencia artificial nunca ha sido la falta de iniciativas; ha sido la falta de arquitectura.
Y es aquí donde quiero situar la advertencia central de esta columna: cuando esa arquitectura por fin se construya, sería un error histórico levantarla mirando la frontera anterior. La mayoría de las 85 iniciativas piensa la inteligencia artificial como software — algoritmos, datos, sesgos, contenidos sintéticos, deepfakes —, que es la capa visible de la tecnología pero ya la menos consecuente jurídicamente.
Las preguntas duras de la próxima década pertenecen a la IA encarnada, y el derecho de los algoritmos apenas las roza: qué régimen de responsabilidad civil aplica cuando un buque sin tripulación colisiona en aguas mexicanas, cómo se estructura el seguro de un dron de carga, qué autoridad certifica la seguridad de un sistema autónomo antes de admitirlo en el espacio físico, bajo qué jurisdicción responde el vehículo cuyo conductor es un modelo entrenado en otro continente, y si nuestra legislación distinguirá — como lo hace la mejor doctrina — entre la autonomía supervisada, la operación remota y la autonomía plena, que plantean problemas de imputación completamente distintos. México es un país de manufactura avanzada, con diez mil kilómetros de litoral, puertos en plena modernización y la frontera terrestre más transitada del planeta: los buques amparados en el Código MASS tocarán nuestros muelles, y cada una de esas preguntas encontrará, tarde o temprano, un caso concreto con nombre de expediente.
El método para responder bien ya existe, y la OMI acaba de darnos su demostración más sofisticada. El Código MASS evita el reglamentarismo prescriptivo y adopta estándares basados en objetivos: exige al buque autónomo un nivel de seguridad equivalente al del buque convencional y deja que la tecnología, que evoluciona más rápido que cualquier ciclo normativo, demuestre cómo alcanzarlo. Entra en vigor como instrumento voluntario, abre una fase formal de acumulación de experiencia — el sandbox regulatorio elevado a escala planetaria — y solo hacia 2030 se convertirá en obligatorio mediante enmiendas al Convenio SOLAS, con vigencia en 2032. Regular por objetivos y por riesgo, probar antes de obligar, y legislar en gramática internacionalmente interoperable, porque las máquinas autónomas son transfronterizas por definición: ese es el tríptico que separa la regulación que habilita de la que estorba. Una ley mexicana escrita en esa clave — breve, basada en riesgo, con autoridad reguladora clara y compatible con los marcos de nuestros socios comerciales — convertiría al país en un lugar donde la inteligencia artificial con cuerpo puede probarse, asegurarse y operar con certeza jurídica. Una ley escrita como catálogo de prohibiciones, o peor, la prolongación indefinida del vacío actual, dejaría esa industria naciente a otros.
Musk suele equivocarse en los plazos y acertar en las direcciones. No hace falta creer en los cien millones de robots para entender que la ventana regulatoria de México se mide en meses de trabajo legislativo serio, con 85 borradores de los cuales aprender y el método multilateral a la vista. Las revoluciones tecnológicas se vuelven industria el día que consiguen su marco jurídico; por ejemplo, para la navegación autónoma ese día fue el 1 de julio. Que el marco mexicano nazca mirando las máquinas que ya navegan, vuelan y conducen, y que nazca pronto, es una tarea que exige del Congreso precisión técnica y visión compartida.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-jose-lopez-martinez/2026/08/03/hacia-la-ley-mexicana-de-la-inteligencia-artificial-y-sus-derivados-buques-autonomos-drones-y-robots/