Especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, fiscalías, poderes públicos, familiares de víctimas y sobrevivientes presentaron sus propuestas para enriquecer y fortalecer la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
En el marco de las mesas de para el análisis del proyecto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum que realiza el Senado, la representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Paz López, manifestó que la iniciativa contiene aciertos importantes en materia de prevención, pero debe reforzarse el tema de la información, pues los registros homologados deben señalar las competencias e instituciones que deben hacerse cargo de la misma.
En representación de la Colectiva Cincuenta Más Uno México, Teresa Hernández Suárez, expresó que se debe transitar de un Estado reactivo a uno protector, porque cada feminicidio representa una falta sistemática del diseño institucional. Las alertas de violencia de género, advirtió, son fundamentales, por lo que no pueden ser herramientas de reacción tardías y menos depender de la voluntad política de los gobiernos locales.
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Héctor Miguel Ortiz Acosta, Fiscal Especializado en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos, dijo que el nuevo ordenamiento tiene que asegurar que se entregue la información con la que cuentan las compañías telefónicas, porque cuando se requieren esos datos se tiene que esperar a la resolución del juez federal, y en el trámite se podrían perder hasta 24 horas de investigación.
La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, propuso una adición al artículo 33 para que la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías o procuradurías locales cuenten con unidades especializadas para el conocimiento, investigación y persecución del delito.
Sayuri Herrera Román, Fiscal Especial para la Investigación de Delitos Relativos a Hechos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, sugirió corregir la duración de las sanciones, ya que no corresponde con los parámetros mínimos y máximos establecidos en el marco jurídico.
La activista María Elena Ríos Ortiz llamó a incorporar, en el artículo 10, el uso de sustancias tóxicas irritantes, explosivos y líquidos en altas temperaturas como parte del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Minerva Hernández Rodarte, madre de Minerva Calderón Hernández, víctima de feminicidio, propuso incluir ajustes en el artículo 25, para integrar la responsabilidad de familiares u otras personas, como las del área médica que encubren a los feminicidas y obstaculizan su aprehensión.
Sabrina Jimena Gaucher Troncoso, de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, exigió que la ley general reconozca expresamente el principio de presunción de veracidad y la centralidad del testimonio de la sobreviviente; impedir la revictimización y la sobreexigencia de pruebas inmediatas, cuando las mujeres llegan vivas, pero severamente vulneradas.
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