La crisis del sistema público de salud mexicano dejó hace tiempo de ser una emergencia coyuntural para convertirse en un problema estructural.
El desabasto de medicamentos e insumos, las condiciones laborales de médicos, enfermeras y personal administrativo, los bajos salarios, la saturación hospitalaria y una burocracia incapaz de responder con oportunidad forman parte de una enfermedad que el gobierno no ha podido curar.
Y lo más preocupante es que no se vislumbra una solución de fondo en el corto ni en el mediano plazo.
Después de dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya resulta insuficiente responsabilizar exclusivamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta heredó un sistema profundamente deteriorado, ciertamente, pero también heredó la responsabilidad de corregirlo.
Si existiera la decisión política de sacudir al sector, tendría que comenzarse con una revisión profunda de sus mandos y de los resultados que han entregado.
Zoé Robledo lleva 8 años al frente del IMSS y difícilmente puede deslindarse de las deficiencias que padecen millones de derechohabientes.
Lo mismo ocurre con Martí Batres, con dos años al frente del ISSSTE y con los funcionarios responsables de Birmex y de la adquisición y distribución de medicamentos.
Cuando una política pública fracasa persistentemente, la responsabilidad no puede diluirse eternamente entre subsecretarios, proveedores, administradores y funcionarios menores.
Alguien tiene que responder.
La presidenta tendría que dar un manotazo en la mesa y realizar una cirugía mayor en el sector.
No se trata simplemente de cambiar funcionarios para colocar otros nombres, sino de modificar un modelo administrativo que no está garantizando algo tan elemental como que un paciente encuentre el medicamento que le prescribe su médico.
También es necesario revisar las condiciones laborales del personal sanitario. Resulta contradictorio presumir un sistema de salud de primer mundo mientras médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y trabajadores administrativos denuncian precariedad salarial, sobrecarga laboral y carencias para desempeñar su trabajo.
Debería establecerse un mecanismo nacional —una verdadera ventanilla única— que permita conocer, procesar y resolver las principales demandas laborales del sector.
Y en el IMSS tendría que garantizarse, además, una vida sindical auténticamente democrática, con elecciones libres, transparentes y sin interferencias.
David Kershenobich, el secretario de Salud, posee una trayectoria médica y académica ampliamente reconocida, pero conducir la política sanitaria de un país requiere algo más que prestigio profesional.
Hace falta capacidad administrativa, operación política, coordinación institucional y, sobre todo, resultados.
Y esos resultados todavía están lejos de las necesidades de los mexicanos.
La 4T cometió un error monumental al desmontar instituciones y mecanismos del sistema anterior antes de tener listo aquello que los sustituiría.
La desaparición del Seguro Popular, el fracaso del Insabi, la transición hacia IMSS-Bienestar y los problemas en las compras y distribución de medicamentos dejaron heridas que todavía no cicatrizan.
No basta con inaugurar hospitales que carecen del equipo médico y de personal, presentar estadísticas favorables o anunciar cargamentos de medicinas.
La única medición que verdaderamente importa ocurre frente al mostrador de una farmacia hospitalaria: que el medicamento esté disponible cuando el enfermo lo necesita.
La salud tampoco puede sustituirse con transferencias monetarias. Entregar apoyos sociales puede aliviar determinadas necesidades económicas, pero ningún depósito bancario reemplaza una cirugía, una quimioterapia, una consulta especializada, un tratamiento oportuno o los medicamentos para una enfermedad crónica.
Particularmente para los mexicanos más pobres, el sistema público constituye la última línea de defensa frente a la enfermedad.
Por ello, la crisis sanitaria debería ser una de las máximas prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum.
México no necesita administrar el deterioro durante cuatro años más. Necesita reconstruir su sistema de salud.
Y para hacerlo habrá que tocar intereses, remover funcionarios, transparentar compras, dignificar salarios, democratizar sindicatos, combatir la corrupción y garantizar presupuesto suficiente.
La presidenta todavía tiene tiempo para hacerlo.
Pero mientras los medicamentos no lleguen, los trabajadores continúen inconformes y los pacientes sigan peregrinando de hospital en hospital, cualquier discurso sobre un sistema de salud eficiente chocará inevitablemente contra la realidad.
Porque el enfermo más grave ya no está solamente en las camas de los hospitales. El enfermo es el propio sistema de salud.
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