En San Luis Potosí, dos ejidos que libran sus batallas en distintos momentos enfrentan la misma maquinaria: asambleas manipuladas, certificados que desaparecen, clausuras que se ignoran y un gobierno que repite ante los megaproyectos: «sí o sí se va a hacer»
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Cortesía Guardianes de la Sierra de San Miguelito
SAN LUIS POTOSÍ. – El viernes 2 de octubre, en el ejido Cerro Gordo, los empresarios estrechaban la mano de los funcionarios del Registro Agrario Nacional.
«Esto hay que celebrarlo», se les escuchó decir. Minutos antes, el comisariado había entregado treinta certificados parcelarios a los ejidatarios. Pero cuando el evento terminaba, Vicente Ruiz Lara y Julián Ruiz Alvarado –los representantes ejidales– reunieron a los «afortunados» y les pidieron los papeles de vuelta: «Es que les falta una letra, los vamos a enviar a México para corregirlos».
Los certificados nunca regresaron a manos de sus dueños. Fueron llevados al Registro Agrario Nacional para cancelarlos, otorgarles el carácter de dominio pleno y entregarlos a los empresarios que ahora se dicen dueños de las tierras ejidales. El resto de certificados correrá la misma suerte.
Para entender cómo se llegó a esa escena, hay que retroceder casi tres años.
Los métodos del despojo
El 17 de diciembre de 2023, en ese mismo ejido del municipio de Zaragoza, se celebró una asamblea de cambio de destino para crear 107 parcelas en un total de mil 854 hectáreas.
La empresa Hogaza, representada por Aurelio Cadenas, preparó la asamblea con el viejo estilo de compra de conciencias: firmó contratos de promesa de compraventa con todos los ejidatarios y les creó cuentas bancarias con depósitos de 10 mil pesos mensuales. La promesa: cuando estuvieran listos los «papeles», cada uno recibiría «algunos millones de pesos».
El tema se preparó desde la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, entonces representada por Álvaro Pineda Maldonado. La Secretaría de Medio Ambiente determinó, con oficio SPARN/DGGFSOE/418/3098/2023, que las 107 parcelas debían ser consideradas terrenos forestales con vegetación de matorral crasicaule, por lo que el cambio de destino no implicaba cambio de uso de suelo. La Procuraduría Agraria Nacional ratificó esa determinación. Todo estaba listo para que la operación avanzara sin obstáculos ambientales.
El 22 de julio de 2026, la dinamita detonó un área del emblemático Cerro Gordo. La empresa JAGUAR S.A. de C.V. y los trabajadores de HOGANZA S.A. de C.V. tenían permisos de la SEGAM (expediente IA.MIA-042/2026, del 27 de abril) y de la SEDENA (Oficio S-4/Explosivos/1377/3439, del 18 de junio) para operar en una superficie de 12 hectáreas. Los habitantes del pueblo se movilizaron y detuvieron las máquinas.
Se recurrió a Profepa, que generó dos clausuras por cambio de uso de suelo de área forestal. Se exigió al INAH una visita de campo por los vestigios arqueológicos de la zona.
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Mientras eso ocurría, los empresarios, el Gobierno del Estado y las facciones atrincheradas en el Registro Agrario Nacional aceleraron el registro del acta de asamblea de diciembre de 2023. La frase que se susurraba en los pasillos del Registro Agrario, según denuncian los habitantes, era clara:
«Lo que cueste, lo que se necesite, hay que sacar el registro antes de que la gente se organice mejor y nos chinguen el proyecto».
Por arte de magia y a fuerza de corrupción, el acta quedó registrada hace dos semanas. Días después se expidieron los certificados parcelarios. Y el viernes 2 de octubre se entregaron, para luego desaparecer.
En la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de Semarnat, según la denuncia de los habitantes, ya se frotan las manos para otorgar el Manifiesto de Impacto Ambiental que permitirá la urbanización e industrialización del Cerro Gordo. ¿Qué planean construir? Cuatro emporios residenciales, un parque industrial, tres Interpuertos fiscales, 35 naves industriales, un parque eólico y los pozos que sean necesarios. Del Cerro Gordo, advierten, no quedará nada.
El otro frente: San José de los Guajes
A kilómetros de ahí, en el municipio de Matehuala, otro ejido libra una batalla que parece calcada. En San José de los Guajes y Anexos, la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) amenaza con demandar al comisariado ejidal por denunciar las afectaciones que han causado a la flora para la construcción del Entronque 75-D, lo que derivó en una clausura de Profepa.
El presidente del comisariado, José Guadalupe Quiroz Tovar, acompañó al personal de Profepa en la inspección y clausura del pasado 7 de octubre, según el testimonio recogido por Estela Ambriz, de Astrolabio Digital.
Ahí pudo percatarse de que los destrozos eran mucho mayores a lo reportado: se abrió brecha y se hizo desmonte en aproximadamente 7 kilómetros de un total de 12 que supuestamente abarca el tramo. Mientras colocaban los sellos, un ingeniero encargado le dijo que podían demandar a los ejidatarios por la denuncia y que en pocos días los quitarían, argumentando que el terreno es de su propiedad y que tienen las autorizaciones en regla.
Las empresas afirman tener permisos de Semarnat y Conafor, pero nunca se los han mostrado. Representantes de la Procuraduría Agraria le indicaron a Quiroz Tovar que esos documentos no son válidos.
La negociación original, denuncia el actual comisariado, se realizó con los anteriores integrantes y se concretó en una asamblea manipulada para aceptar 50 pesos por metro cuadrado.
La actual representación interpuso el amparo 598/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito y obtuvo una suspensión provisional el 7 de abril. Sin embargo, el 1 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, un grupo de ejidatarios le informó que habían visto entrar camionetas blancas de la empresa y una camioneta de redilas con herramienta. Al realizar un recorrido, encontraron más de un kilómetro de flora destruida: palmeras, mezquites, biznagas y otras especies.
«Le pregunté al conductor qué estaba haciendo en ese lugar que es ejidal y nadie ajeno puede entrar. No se quiso identificar y dijo que la empresa que va a hacer la carretera los había mandado a brechar el camino y derribar toda la fauna. Que iban a seguir entrando porque eran órdenes de gobierno entrar a como diera lugar», relata Quiroz Tovar en la denuncia a la que Pie de Página tuvo acceso. El hombre aseguró que no tenían permisos, pero que «eran órdenes de la empresa entrar a derribar todo lo que se pudiera derribar, que ellos eran muy influyentes y que no necesitaban sacar permisos».
Un dictamen técnico elaborado el 28 de mayo de 2026 documenta la magnitud del daño en el Ejido San Francisco, también afectado por las obras: una afectación sistemática de entre 1.5 y 1.7 kilómetros cuadrados (150 a 170 hectáreas), con 33 sitios de excavación y desmonte para bancos de materiales pétreos.
El documento detalla la degradación del suelo, donde la capa arable y el horizonte orgánico fueron completamente invertidos, y el ecocidio de flora silvestre, incluyendo especies catalogadas bajo Protección Especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como el Ferocactus pilosus, Ferocactus histrix y Ferocactus hamatacanthus, así como ejemplares maduros de Yucca filifera, Agave lechuguilla y Myrtillocactus geometrizans.
El análisis aero-fotogramétrico con dron revela que el daño estructural va más allá de las fosas de sondeo: las brechas ilegales abrieron una red de caminos que cuadriculan el matorral, fragmentando el hábitat y eliminando el microclima necesario para el reclutamiento de plántulas de cactáceas endémicas.
«Sí o sí se va a hacer»
En entrevista para Pie de Página, el abogado Carlos Covarrubias Rendón, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, describe la situación como «muy crítica» y denuncia una serie de determinaciones ambientales y agrarias que impiden la firma de los convenios de ocupación en San José de los Guajes.
«Hay un impedimento porque la Procuraduría Agraria ha sido muy crítica en la revisión de los documentos», señala el abogado.
Además, denuncia que asambleas como la de Peyote vulneraron acuerdos y se extralimitaron al redactar contratos y convenios, además de la «irrupción de la depredación ambiental» que ha generado clausuras como la de Los Sauces.
«Pareciera que el gobierno del estado dice: ‘Sí o sí se va a hacer’. Y obviamente hay un sometimiento en las comunidades de ejidos, el tejido social que hemos denunciado. Es como si estuviésemos en las mejores épocas del prianismo», afirma.
Advierte sobre una posible cogobernanza entre el gobierno federal y estatal para imponer el proyecto desde San Luis Potosí, y señala que actualmente «hay una batalla encarnizada en tribunales de diversos ejidos en contra de los convenios de ocupación».
«Está la exigencia de que haya una auténtica compensación social debido al impacto del proyecto. No estamos hablando simplemente de dar más dinero, sino que existan condiciones de equidad para que la gente no sufra el menoscabo de sus derechos ambientales, sociales y agrarios», subraya.
«Ya es un patrón, ya tenemos en este proceso 34 años y parece que no se entiende. Sigue habiendo privatización de tierras, sigue habiendo irrupción del poder económico en ejidos y comunidades».
Acaparamiento, un patrón nacional
La historia de Cerro Gordo es un espejo de lo que ocurre en San José de los Guajes. En ambos casos, el modus operandi es idéntico: asambleas manipuladas, contratos de promesa de compraventa, certificados parcelarios que desaparecen, empresas que operan sin autorizaciones ambientales y un gobierno estatal coludido en todo eso.
Un informe filtrado hace poco más de un año por Luis Cruz Nieva, director del Registro Agrario Nacional, documentó el tráfico de tierras derivado de las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria: millones de hectáreas fueron sustraídas del régimen ejidal para quedar en manos de empresas, industrias, funcionarios públicos y extranjeros.
Por alguna razón, San Luis Potosí no aparecía en ese informe, a pesar de que en el estado se privatizó el primer ejido en la historia de México: La Garita de Jalisco, y donde además los megaproyectos inmobiliarios han arrasado miles de hectáreas en los ejidos de Arroyos, Terrero, Aguaje, Rodrigo, Emiliano Zapata, Laguna de San Vicente, El Gato y Pardo. Si no se hubiera logrado el decreto del área natural de flora y fauna Sierra de San Miguelito, otras 30 mil hectáreas hubieran sido devoradas.
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Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se intentó frenar este proceso, no permitiendo continuar masivamente con asambleas de cambio de destino o inscripción de las mismas. De más de dos millones de hectáreas se redujo a 316 mil en tiempos del Presidente Obrador, en muchos casos porque el proceso ya estaba casi concluido.
El impulso de las áreas naturales protegidas coadyuvó de manera decisiva, e inclusive se suscribieron convenios para que la Procuraduría Agraria, Semarnat y Conanp llevaran a un análisis cualquier tipo de autorización de esta naturaleza. Sin embargo, las burocracias en el sector agrario y ambiental, las estructuras corruptas y burocráticas en muchos casos permanecieron, controlando espacios técnicos y de gestión. Una batalla inconclusa por la transformación.
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Los habitantes del pueblo de Cerro Gordo saben que se debe hacer algo, y preparan la batalla final por el Cerro Gordo, ese que sus padres y hermanos están vendiendo por unas cuantas monedas. En San José de los Guajes, la batalla ya está en tribunales. En ambos frentes, la pregunta es la misma: ¿podrá el gobierno estatal y las empresas concesionarias imponer sus proyectos «sí o sí», o las comunidades ejidales, respaldadas por amparos y dictámenes técnicos, lograrán frenar lo que consideran un ecocidio y una violación sistemática de sus derechos?
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