La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la presunta red de contrabando de hidrocarburos por la que fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no habría operado sin la participación de agentes aduanales que validaron documentación con información presuntamente falsa para introducir combustible desde Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dos agentes aduanales —Víctor José Carretero Zardeneta y Juan Hermilo Chávez Rodríguez— desempeñaron un papel central al tramitar pedimentos de importación que declaraban mercancías distintas a las que realmente ingresaban al país.
La indagatoria señala que, entre abril y junio de 2025, la red habría importado 18 millones de litros de combustibles a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, reportando únicamente alrededor del 10% del volumen real, con lo que presuntamente se evadieron más de 164 millones de pesos en impuestos.
Según la FGR, los agentes aduanales utilizaron sus firmas electrónicas para validar los pedimentos de importación y certificar, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada era correcta, pese a que los cargamentos presuntamente contenían gasolina y diésel en lugar de los productos declarados.
Uno de los casos citados corresponde a Víctor José Carretero Zardeneta, quien habría autorizado la importación de dos carrotanques declarados como cloruro de calcio. Sin embargo, peritajes de la FGR concluyeron que en realidad transportaban 111 mil litros de diésel y 114 mil litros de gasolina. La Fiscalía también sostiene que Carretero ya era investigado por otros casos de presunto huachicol fiscal y que registró transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
Por su parte, Juan Hermilo Chávez Rodríguez habría intervenido en 38 pedimentos relacionados con la empresa Ingemar, de la que la FGR identifica a Ernesto Ruffo como socio. La investigación indica que, mediante esos trámites, ingresaron combustibles en 161 carrotanques con volúmenes superiores a los declarados ante las autoridades aduaneras.
La Fiscalía también señala que, una vez internados al país, los hidrocarburos presuntamente fueron distribuidos a diversas empresas que habrían simulado operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a la venta y traslado del combustible.
Por estos hechos, una jueza federal libró órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas Ruffo Appel y los dos agentes aduanales, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de la investigación de la FGR y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial correspondiente.
(Con información de El Universal y Latinus)
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