En la entrega de la semana pasada, escribí sobre la posibilidad de que la Casa Blanca implementará sanciones en contra del partido Morena por vínculos con organizaciones que Estados Unidos define como terroristas. Como lo señale en entregas anteriores, claramente el gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente de la participación de elementos criminales en las elecciones intermedias del 2021 proporcionando recursos y haciendo uso de la violencia.
Esta realidad está plasmada en el texto inicial del “indictment” en contra de Ruben Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. Señalamientos del vínculo del huachicol fiscal con campañas políticas fue plasmado en el documento publicado por el Departamento del Tesoro acusando a dos individuos de liderear empresas vinculadas con organizaciones “terroristas”.
Por eso no sorprendería que las agencias estadounidenses tuvieran información detallada del apoyo que proporcionó el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones a las elecciones nacionales del 2024, cuando fue electa la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el secuestro del Mayo Zambada por el hijo del Chapo, Joaquin Guzmán López, sucedió 50 días después de las elecciones en junio 2024.
A pesar de las declaraciones de esta semana de Terry Cole (titular de la DEA) de que hay una “conexión mortal” entre altos funcionarios del gobierno mexicano y los cárteles de la droga (como Sinaloa y el CJNG), hay que señalar que hasta el momento no hay información o indicios públicos de la participación del crimen organizado en el proceso electoral del 2024.
Pero hay suficientes detenidos, enjuiciados y testigos cooperantes en Estados Unidos que seguramente podrían proporcionar información, videos y audios para establecer este vínculo.
La presidenta está rodeada de personas que deberían de informarle que tan expuesto está el gobierno de México y Morena: el senador Adan Agusto fue el coordinador político de su campaña, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Alfonso Durazo jugó un papel central como Presidente del Consejo Nacional de Morena, la actual Secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez fungió como secretaria de Seguridad Pública durante el proceso electoral, la actual Consejera Jurídica Luisa Maria Alcalde era secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación Mario Delgado era Presidente del Partido. ¿Cuánto sabrá Andrés Manuel López Obrador?
Es fundamental que la presidenta tenga claridad de la vulnerabilidad de su gobierno y sus funcionarios ante la eventualidad de que no solo se filtre información, pero que varias secretarias estadounidenses anuncien sanciones en contra de Morena.
Una estocada al corazón de la Cuarta Transformación y la forma más eficiente de desvincular las organizaciones “terroristas” del gobierno de México, de la clase política y empresarial, sería sancionar al partido oficial que facilitó la llegada al poder a Andrés Manuel López Obrador y la continuidad política a Claudia Sheinbaum.
El partido perfectamente podría argumentar que las encuestas claramente favorecían a la candidata Sheinbaum, además de la sofisticada estructura política de Morena y por esta razón no requería participación sistemática del crimen organizado en el proceso electoral.
Pero el ingresar recursos y “facilitar” con el uso de violencia las candidaturas exitosas siempre ha sido una buena “inversión” para los carteles: asegura que puedan controlar a los futuros funcionarios y proteger el negocio, ya sea traficando drogas, huachicol, extorsiones, tráfico de migrantes.
Para mantener este control, indudablemente las organizaciones “terroristas” (según el gobierno estadounidense) buscarán influenciar-ya sea con dinero, amenazas y violencia- quienes serán los siguientes presidentes municipales y gobernadores que serán electos en 2027.
La pregunta para todos los partidos sería cuales son los pasos contundentes que están tomando para prevenir que las organizaciones criminales definan quién ganará las elecciones.
Parecería que la presidenta en lugar de distanciarse de políticos y vínculos con el crimen organizado, está dispuesta a sacrificar su gobierno en defensa de exfuncionarios y el legado de López Obrador.
El Talón de Aquiles de la Cuarta Transformación ahora es Morena: Si llegase el Departamento del Tesoro imponer sanciones al partido por sus supuestos vínculos con organizaciones terroristas, literalmente sería imposible para Morena y sus candidatos participar en el marco jurídico actual en las elecciones del 2027.
De hecho, el solo hecho de amenazar con posibles sanciones podría ser suficiente para que los bancos e instituciones financieras busquen desvincularse de Morena, sus candidatos y funcionarios. Recordemos lo que pasó con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
En la siguiente entrega discutiremos el impacto para Morena si es sancionado por Trump como parte de su nueva estrategia hemisférica.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/2026/07/17/morena-en-la-mira-quien-esta-expuesto/